Mediante la Casación N° 13857-2022 LIMA, publicada el 29 de agosto de 2023, la Corte Suprema señaló que, cuando el enajenante es propietario de más de un inmueble que cumple con la definición de casa habitación, la venta del inmueble que es el único de su propiedad no constituye casa habitación, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que establece que en caso el enajenante tuviera en propiedad más de un inmueble que cumpla con las condiciones para ser casa habitación, será considerado como tal solamente aquel que, luego de la enajenación de los demás inmuebles, resulte como el único inmueble de su propiedad..
El artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal establece que, los pensionistas y los adultos mayores propietarios de un solo inmueble, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, deducirán de la base imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT, vigentes al 1 de enero de cada ejercicio gravable. Así pues, para ser reconocido con el citado beneficio, se requiere que se cumpla con los siguientes requisitos de cumplimiento conjunto:
Tener la calidad de pensionista o adulto mayor
Su ingreso bruto por pensión no exceda de 01 UIT mensual;
Ser propietario de un solo inmueble y/o predio;
La propiedad del inmueble sea a nombre propio o de la sociedad conyugal;
El inmueble este destinado a vivienda del pensionista, o se destine parcialmente para fines productivos, comerciales y/o profesionales con aprobación Municipal respectiva. Asimismo, se considera que cuenta con una única propiedad cuando además de la vivienda el pensionista cuenta con otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.
Sobre el particular, la Corte Suprema en la Casación Nº 34225-2022-AREQUIPA (publicada el 29 de agosto de 2023), ha interpretado que, la Municipalidad Distrital, en uso de sus facultades de fiscalización posterior, puede verificar nuevamente el cumplimiento de los requisitos del trámite de la exoneración prevista en el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal; en tal sentido, es válida la revocación de la exoneración si con posterioridad a que se concedió la exoneración la Municipalidad verifica que el contribuyente contaba con más de un predio. Precisa el órgano colegiado que, en ningún extremo del artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal se otorga la posibilidad de que el sujeto beneficiario pueda tener en propiedad dos inmuebles, uno como vivienda y otro como lote de terreno; sino que se hace referencia a “un solo inmueble”.
El numeral 2 del inciso c) del artículo 21 del Reglamento de la LIR, define al “desmedro” como la pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados. Asimismo, el segundo párrafo del referido inciso señala que tratándose de los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará como prueba la destrucción de las existencias efectuada ante Notario Público o Juez de Paz, a falta de aquél, siempre que el acto de destrucción se comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor de dos (2) días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes.
Agrega el citado inciso c) que cuando el costo de las existencias a destruir sumado al costo de las existencias destruidas con anterioridad en el mismo ejercicio sea de hasta de diez (10) UIT, la SUNAT aceptará como prueba la destrucción de las existencias sustentada en un informe que debe contener la información que se detalla en el referido inciso, siempre que el acto de destrucción se comunique previamente a la SUNAT en el plazo señalado en el párrafo anterior. Añade que a efecto de que la SUNAT acepte como prueba la destrucción de las existencias sustentada en el referido informe, este debe ser presentado a dicha superintendencia en la forma, plazo y condiciones que esta establezca.
Estando a la normatividad glosada, para la deducción del gasto por desmedro de existencias debe realizarse en el ejercicio en el que se produzca su destrucción y no cuando se produzca la baja del bien según norma contable, pues la destrucción es el hecho imprescindible para que se devengue el gasto, ya que esta supone la imposibilidad de la posterior disposición de tales existencias y la irreversibilidad de la pérdida tributaria originada por la destrucción aunado al cumplimiento de los requisitos de forma, plazo y condiciones referidos en el párrafo anterior.
Finalmente, para efectos del impuesto a la renta, el valor de las existencias que debe considerarse como gasto por desmedros es el costo de adquisición o producción de estas, valuado de acuerdo con el método adoptado conforme con lo previsto en el artículo 62 de la LIR; determinación que corresponde al ejercicio en el que se produce la destrucción de las existencias.
El numeral 1 del inciso c) del artículo 21 del Reglamento de la LIR define a la “merma” como la pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo.
Por lo tanto, en dicha definición se incluye a la pérdida cuantitativa que se origina en el proceso de comercialización (bienes finales o terminados), en tanto sea inherente a la naturaleza de los bienes finales.
Estando a lo expuesto, la merma durante el proceso de comercialización será deducible para efectos de la determinación del impuesto a la renta en la medida que el contribuyente acredite mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas; en caso contrario, no se admitirá la deducción.
Los sujetos no domiciliados tributan en función del criterio de territorialidad o de fuente de renta o, en general, por rentas de fuente peruana; así pues, los artículos 9 y 10 de la Ley del Impuesto a la Renta han previsto supuestos que configuran configurarían la obtención de una renta de fuente peruana. Ahora bien, dentro de dichos supuestos, el inciso b) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que, en general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana, las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados físicamente o utilizados económicamente en el país.
Sobre el particular, la Corte Suprema en la Sentencia de Casación N° 17905-2021 LIMA, publicada el 14 de agosto de 2023, ha señalado que, existe una omisión en la retención de renta de fuente peruana al no domiciliado y por tanto se incurrió en la infracción prevista en el numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario por parte de la empresa domiciliada, por no efectuar la retención al sujeto no domiciliado, cuando la empresa domiciliada paga una suma de dinero a la empresa no domiciliada para así poder ejercer el derecho de control y que se materializaría en la capitalización de acciones de la empresa domiciliada en el país.
Agrega la Corte Suprema que, dicha transacción no se trata de un aporte a la sociedad por el cual se constituiría como accionista, sino un pago para poder tener ese derecho. En tal sentido, concluye que, esta operación se subsume en el inciso b) del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, debido a que el referido ingreso genera rentas de fuente peruana al sujeto no domiciliado, al provenir de un derecho utilizado económicamente en el país.
